Tren Maya: “Yo de aquí no me voy”, dicen habitantes en medio de vía

Vecinos de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en Campeche aseguran que aunque las autoridades llama “relocalización consensuada”, ellos prefieren nombrarlo como “desalojo forzoso”

Sobre las baldosas rojas, en sillitas plegables negras y elaborados sillones blancos de metal, una decena de vecinas de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, en Campeche, se preocupan por su futuro. Sobre la mesa, una serie de carpetas, con títulos como Fotos de casas antiguas, Recibos de pagos de impuestos de 1950, Censo 1930 o Descarrilamientos del año 2000. Son las armas en la batalla que este colectivo mantiene contra el Tren Maya y lo que las autoridades llaman “relocalización consensuada”. Ellos prefieren nombrarlo como “desalojo forzoso”.

A un metro y medio de este hogar de pescadores se ve el problema. Un par de rieles que atraviesan por más de dos kilómetros los tres barrios, afectando a casi 300 casas y negocios. Su derecho de vía lo quiere usar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros de cada lado del eje, que estará vallado. Según documentos oficiales del Fonatur obtenidos por El Universal, 294 de los 724 kilómetros ya en construcción tienen “invasiones”, con mil 718 puntos en esa franja de 40 metros.

Es decir, en 40% del trazo hay una problemática potencial como la de estos barrios o la del pueblo de Candelaria, en el sur de Campeche: vecinos que opinan que “desalojo forzoso” es un término más adecuado que “relocalización consensuada”. EL UNIVERSAL recorrió los más de 500 kilómetros que separan Palenque de Mérida para mutar estos números en personas.

“De aquí no me voy”

La decena de vecinas opinan lo mismo que Guadalupe Gutiérrez, una mujer de 63 años y cabeza de esta defensa de hogares. “No somos invasores. Yo aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia. Aquí rezo a mis muertos, aquí vivieron mis abuelos y de aquí salieron mis hijos. De aquí no me voy”, dice en el zaguán de su casa, pintada de morado.

“En 1938, cuando se hace la conectividad ferroviaria de Yucatán con el resto de la República, mi abuelo donó terrenos y nos hicimos hasta donde las autoridades nos dijeron que nos tocaba habitar. No somos invasores, estamos aquí antes de que llegara el tren”. Enseña hojas de copias de documentos de finales del siglo XIX.

Su hogar y el de sus dos hermanas están en Santa Lucía, a los mismos escasos dos metros de la vía del tren. Caminar con ella por los rieles, entre los que hay flores y plantas de los rieles, es un sinfín de saludos. Vecinos que hablan de tiendas antiguas, de casas que llevan ahí toda la vida, de tejido social, de que votaron por la 4T y sienten traición. Las viviendas son de una planta, sólidas, algunas de arquitectura colonial.

“Nuestra propuesta siempre ha sido la relocalización de las vías del ferrocarril. ¿Por qué no puede haber un libramiento fuera de la ciudad y tienen que desplazarnos? —argumenta—. Tuvimos una reunión con Fonatur y fue ríspida. Dijeron que el tren iba a pasar sí o sí”.

En junio de 2020, el Fonatur aseguró que planteará soluciones adecuadas con cada familia de Campeche que tenga una propiedad en el derecho de vía del Tren Maya y que trabaja con ONU Hábitat, a la que paga cinco millones de dólares, para elaborar un Protocolo de Relocalización Consensuada. Los vecinos aseguran haber recibido visitas “intimidantes” por personas que se identificaron como miembros del Fonatur y ONU Hábitat, quienes les preguntaban dónde se reunían y quiénes eran los líderes.

“Muchas de las poblaciones por las cuales pasa la vía de tren ya existían desde antes de la concesión a finales del siglo XIX, es decir, se puso sobre poblaciones ya existentes”, explica Kalycho Escoffié, jurista por la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Estos tres barrios son históricos de Campeche, consolidados, pagan impuestos”, argumenta. “No son asentamientos informales como dicen a veces las autoridades, que van a los barrios y les dicen a los vecinos que ellos ‘invadieron’ las vías del tren. Con eso pretenden convencerlos de que no tienen el derecho a su favor y que llevan las de perder”.

Kalycho Escoffié lleva el amparo que ha presentado el colectivo de los Tres Barrios de Campeche contra Fonatur, la Presidencia de la República y la Secretaría de Turismo para detener las obras y que lo que se relocalice sean las vías del Tren Maya y no las personas. El juzgado, cuenta, otorgó una suspensión para que Fonatur, con ONU Hábitat, no pudiera seguir realizando visitas a los barrios para hacer el censo de afectados y predios mientras se resuelve el proceso judicial.

FUENTE: EL INFORMADOR