Tribunal de Zimbabue declara inconstitucional negar aborto a menores y víctimas de violación marital
diciembre 3, 2024El fallo busca proteger los derechos de niñas y mujeres frente a leyes restrictivas que fomentan abortos inseguros
El Tribunal Superior de Zimbabue ha dado un paso significativo al declarar inconstitucional la prohibición del aborto para niñas menores de 18 años y mujeres violadas por sus esposos. En su fallo, el juez Maxwell Takuva destacó que la imposición de embarazos en estas circunstancias constituye una forma de tortura, trato cruel y degradante.
Zimbabue, conocido por sus estrictas leyes de aborto, permite esta práctica solo en situaciones muy específicas, como cuando la vida de la mujer está en peligro o si el embarazo resulta de relaciones sexuales ilegales, como el incesto. Sin embargo, las restricciones habían dejado fuera a las niñas menores de edad y a las mujeres víctimas de violación marital, llevándolas a recurrir a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida.
El fallo del tribunal es un reflejo de las preocupantes estadísticas en el país, donde cada año se registran aproximadamente 77,000 abortos inseguros, aunque muchas cifras no son reportadas. La UNICEF y otros organismos han alertado sobre la alta mortalidad asociada a estas prácticas. A esto se suman los alarmantes índices de embarazos adolescentes, con casi una de cada cuatro niñas de entre 10 y 19 años enfrentando esta realidad.
El juez Takuva subrayó que garantizar el acceso a abortos legales y seguros es crucial para abordar las consecuencias de los embarazos adolescentes y las prácticas culturales que perpetúan el matrimonio infantil. A pesar de la laxa aplicación de leyes que buscan proteger a las menores, muchas niñas son obligadas a casarse con hombres responsables de sus embarazos no deseados.
Aunque este fallo todavía requiere la aprobación de la Corte Constitucional para ser implementado, representa un avance en la lucha por los derechos de las niñas y mujeres en Zimbabue. De concretarse, sentará un precedente para combatir las prácticas culturales y legales que han vulnerado históricamente la salud y la dignidad de las mujeres en el país.