Análisis Marcos del Rosario Rodríguez / Director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO

Con la creación del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) en el año 1990, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), se instauró un sistema electoral solvente y eficaz, en el que la organización y validación de las elecciones pasa por la ciudadanía. Se debe recordar que anteriormente era el propio Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, quien asumía la función de llevar a cabo los comicios a nivel federal, y la Cámara de Diputados era la encargada de validar los resultados electorales.

Nuestro sistema electoral es el producto de una desconfianza pública emanada de las elecciones fraudulentas de 1988, en las que la voluntad del electorado sucumbió ante los intereses del entonces partido hegemónico. Por ello, para evitar que los intereses políticos determinaran el destino democrático de nuestro país, es que se pensó en crear un órgano dotado de autonomía plena para que su actuar fuera objetivo e independiente, y de esta forma garantizar la expresión de la ciudadanía.

Posteriormente, en el año de 1993 se fortaleció el sistema electoral con la creación del Tribunal Federal Electoral, que a la postre, en 1996, se transformaría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano jurisdiccional con facultades constitucionales diseñado para hacer valer los resultados emitidos en las urnas y proteger los derechos políticos de la ciudadanía.

El INE junto con el TEPJF, a lo largo de su existencia, han sido piezas fundamentales en la construcción de nuestra Democracia Constitucional. En buena medida la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; los derechos de las comunidades indígenas, de los grupos en situación de vulnerabilidad y otros derechos de índole político, se han fortalecido de forma progresiva con la acción de estos órganos. Lo cual no implica que no existan aspectos que deban ser reformados en aras de mejorar su funcionalidad y de que respondan de mejor forma a las necesidades ciudadanas.

Bajo este modelo, desde su creación, el INE ha organizado más de 330 elecciones de distintas dimensiones y alcances. Sin embargo, los comicios de 2024, a diferencia de los anteriores, serán los más grandes y complejos en la historia de nuestro país, toda vez que se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular, 19 mil 746 cargos locales y 629 federales, incluyendo la Presidencia de la República.

Además de lo anterior, las autoridades electorales, incluyendo las locales, tendrán que enfrentar otros retos que, de no ser solventados oportunamente, pueden poner en riesgo la vigencia de los principios constitucionales y los derechos políticos de la ciudadanía.

Entre estos desafíos se encuentra la utilización de recursos públicos por parte del Titular del Poder Ejecutivo, particularmente en el espacio denominado “la mañanera”, en el cual no sólo ha dispuesto de forma ilícita de tiempos anticipados de precampaña y campaña, sino que se ha utilizado la propaganda gubernamental que le corresponde como Presidente de la República para construir la plataforma política de la candidatura de Morena, garantizando con ello un posicionamiento entre los militantes y simpatizantes de dicho partido gracias a los recursos públicos que tiene el Gobierno federal, lo cual pone en riesgo la equidad de la contienda electoral. Lo anterior ha ocurrido pese a los esfuerzos tanto del INE como del TEPJF, cuyos resolutivos han buscado erradicar esas conductas.

Otro problema por dilucidar es lo concerniente al financiamiento público y privado que reciban los candidatos y partidos políticos durante las precampañas y campañas, los cuales deben estar bajo los límites establecidos para evitar inequidades en el proceso.