Gobierno español da el primer paso para eliminar el “visado de oro”  

Medida busca frenar alza de precios inmobiliarios y reajustar políticas migratorias

El Gobierno español ha iniciado el proceso para eliminar la controvertida ley de 2013 que otorga visados o autorizaciones de residencia a extranjeros no pertenecientes a la UE que adquieran propiedades en España por un valor mínimo de 500 mil euros. Esta iniciativa busca contrarrestar el aumento de los precios de la vivienda y ajustar las políticas migratorias del país.

Desde la implementación de esta ley, se han concedido un total de 14,576 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias. Ciudadanos principalmente de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México han sido los beneficiarios de estas “golden visas”, según datos proporcionados por el Gobierno español.

El incremento significativo de los llamados visados dorados se ha dado especialmente desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. Este fenómeno también ha estado relacionado con el Brexit en enero de 2020, que ha generado un flujo mayor de inversiones hacia España, como explicó la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En términos numéricos, el Gobierno reporta que se otorgaron 461 visados en 2016, 947 en 2017, 998 en 2018, 861 en 2019, 632 en 2020, y 997 en 2021. Estas cifras se dispararon a 2,017 y 3,273 en los años 2022 y 2023, respectivamente.

Rodríguez también destacó que estos visados han estado bajo observación por parte de las instituciones europeas, especialmente tras los eventos en Ucrania. Varios países vecinos de España han tomado medidas para revisar y endurecer los permisos relacionados con inversiones inmobiliarias.

En cuanto a la distribución geográfica de estos visados, la ministra señaló que el 90 % se concentra en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Asimismo, resaltó que la compra de viviendas por parte de extranjeros en general ha experimentado un notable incremento, representando entre el 7.1 % y el 10 % del total de operaciones en ciertas localidades costeras mediterráneas como Marbella y Barcelona, así como en municipios de las Islas Baleares.

Aunque la ley permite obtener el visado por inversiones en activos financieros o proyectos empresariales, la gran mayoría, alrededor del 94 %, están vinculados a inversiones inmobiliarias.

Con esta primera medida para modificar la ley de 2013 y eliminar este tipo de visados, el Gobierno pretende abordar los desafíos en materia de vivienda que enfrentan algunas zonas del país, brindando oportunidades a aquellos con dificultades para acceder a una vivienda debido a la escasez de oferta y los altos precios.

No obstante, organizaciones como Transparencia Internacional advierten sobre los riesgos asociados con estas “visas doradas”, como el posible blanqueo de capitales, evasión de impuestos y manipulación de identidades. Un informe de Transparencia Internacional España señala que la ley aprobada en 2013 presenta vulnerabilidades en su diseño, regulación, implementación y control, especialmente criticando el silencio administrativo positivo existente en España, una característica que no está presente en otros países y que consideran “absolutamente peligrosa” para la concesión de estos permisos.

La organización también critica la falta de transparencia y de información en el proceso de concesión de las “visas doradas”, señalando que se han convertido en un negocio en el que no se garantiza la debida diligencia en la verificación del origen de los fondos.