En Suiza, la normativa relacionada con el bienestar animal es una de las más estrictas del mundo, lo que en ocasiones da lugar a situaciones inusuales y controversiales. Un ejemplo reciente se produjo en Zúrich, donde una mujer de 68 años fue llevada ante la justicia por haber alimentado de forma constante al gato de su vecino, un felino conocido como “Leo”.

Este curioso caso atrajo la atención pública debido a que la jubilada no solo ofrecía comida al animal, sino que además instaló una gatera en la puerta de su hogar para permitir que el gato pudiera entrar y salir libremente, todo ello durante un periodo de diez meses. Lo insólito es que realizó estas acciones a pesar de una prohibición explícita del propietario legítimo del animal, quien había solicitado por escrito que dejara de hacerlo.

La persistencia de la mujer generó un conflicto legal cuando Leo dejó de regresar a su vivienda original y comenzó a vivir mayormente con la jubilada, considerándola como su nueva cuidadora. El dueño presentó una denuncia penal, acusándola de apropiación indebida, lo que llevó a que la Fiscalía interviniera en el asunto.

Una sentencia inicial impuso a la mujer una multa condicional equivalente a 30 días, con un valor diario de 120 francos suizos, además de una sanción directa de 800 francos. No obstante, la acusada se negó a aceptar el castigo y optó por llevar el caso a juicio. Durante el proceso ante el Tribunal de Distrito de Zúrich, ambas partes fueron representadas por abogados, y finalmente se alcanzó un acuerdo fuera del juicio, cuyos términos no fueron divulgados públicamente. Aun así, se confirmó que Leo permanecerá con la mujer.

El marco legal suizo considera a los gatos como bienes muebles, por lo que ofrecerles refugio y alimento de forma continuada sin el consentimiento del propietario puede ser interpretado como apropiación ilegítima. Cabe señalar que acciones esporádicas de alimentación no constituyen un delito bajo esta legislación.

Gatos con “doble hogar”

Los casos en los que un gato es cuidado o alimentado por más de una familia no son infrecuentes en Suiza, y cada vez es más común que lleguen a las cortes. Cuando se produce este tipo de disputa, la primera instancia a la que suelen acudir las partes es la autoridad de arbitraje. Este organismo actúa como mediador e intenta resolver el desacuerdo de manera amistosa, sin necesidad de escalar el conflicto al sistema judicial.

Sin embargo, si no se logra una resolución durante esta fase preliminar, el litigio avanza al Tribunal de Distrito. Allí, un juez analiza las pruebas aportadas y escucha las declaraciones de ambas partes antes de emitir un fallo sobre quién tiene derecho legítimo sobre el gato en cuestión. Este veredicto puede basarse en evidencias como testimonios, registros fotográficos, documentos de adopción o incluso collares con dirección del propietario original.

Si alguna de las partes impugna la decisión, es posible apelar a un tribunal de segunda instancia, que revisa nuevamente el caso con base en toda la información recopilada. El proceso puede llegar hasta el Tribunal Federal Suizo, máxima autoridad judicial del país, que revisa si las decisiones previas se tomaron conforme a la ley. Solo en circunstancias excepcionales, y cuando se trata de una posible infracción al derecho comunitario, el caso podría elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, aunque esto es poco habitual por los costos que implica.

Con aproximadamente 1.6 millones de gatos distribuidos en hogares suizos, estos felinos representan cerca del 28 % del total de mascotas del país, de acuerdo con datos de SWI, el portal internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión. A diferencia de los perros, cuya tenencia está sujeta a impuestos municipales, los gatos no requieren de un registro obligatorio ni generan tasas anuales.

Los dueños de perros, en cambio, deben inscribirlos ante la comuna correspondiente y pagar una cuota anual que varía según la localidad. También se recomienda que asistan a cursos de adiestramiento, aunque ya no son obligatorios. Todos los perros deben portar un microchip desde los tres meses de edad, y la información es registrada en la base nacional Amicus. En caso de que el animal sea importado, se otorgan diez días para cumplir con esta normativa.