La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer que la reforma a la ley del sector eléctrico que se realizó en 2021, y que fue impulsada por el Gobierno federal, “vulnera los principios de libre competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable” establecidos en la Constitución.

Según informó el Alto Tribunal en un comunicado, lo que restringe tales principios es la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica, las reglas en el orden del despacho de energía que se introdujeron hace tres años y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias.

Las modificaciones establecían que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad del Estado, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel.

Si todavía había demanda sin atender es cuando se podría comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural. Se trataba de beneficiar directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, permitía revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyeran un fraude a la ley y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con los productores independientes.

El amparo referido es uno de los muchos que fueron interpuestos por las empresas energéticas al considerar estas normas inconstitucionales.

La mencionada ley también generó conflictos internacionales con Estados Unidos por supuestamente vulnerar el tratado comercial que México tiene con esa nación vecina y con Canadá, conocido como T-MEC.

Para Óscar Ocampo, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la decisión de la SCJN traerá beneficios para dicho acuerdo.

“Estamos en un proceso de consultas por la política energética al amparo del T-MEC y el representante comercial de EU demandaba la reforma a la ley de la industria eléctrica. Por tanto, al invalidarse esta ley, de alguna forma se ‘descensura’ este proceso de consultas, y se reduce la posibilidad de que EU nos lleve a un panel de solución de controversias”.