Con el argumento de defender la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una demanda civil por 10 mil millones de dólares que el Gobierno de México presentó contra fabricantes, bajo la acusación de que estas empresas sabían que su armamento lo vendían a traficantes que las introducían de contrabando al país, aprovechando el mercado que creó la delincuencia organizada, detonando una “guerra” desde el sexenio de Felipe Calderón.

Los ministros desestimaron los argumentos del Gobierno mexicano, pues “no señala, como lo hacen la mayoría de las reclamaciones de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan asistido”, señaló Elena Kagan, jueza asociada de la Corte.

El máximo tribunal declaró que la ley exime de responsabilidad a los fabricantes de armas por el uso que se hace de sus productos, en especial en la comisión de delitos. “La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a los traficantes mexicanos”, añadió Kagan.