Donald Trump intensificó su respuesta a las protestas migratorias en Los Ángeles (LA), enviando 700 marines, además de los cuatro mil 100 efectivos de la Guardia Nacional previamente desplegados. La intención es proteger propiedades y personal federal, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, esta medida generó incertidumbre y un creciente enojo entre la población y las autoridades locales, aumentando la tensión en una ciudad marcada por manifestaciones contra las redadas y las detenciones de migrantes.

El Comando Norte de Estados Unidos justificó el envío de los marines al señalar que están entrenados en desescalada de conflictos, control de multitudes y en el uso adecuado de la fuerza. Pero la situación podría exigir una respuesta más matizada, ya que los agentes, acostumbrados a operar en zonas de conflicto como Siria y Afganistán, se enfrentarían a una nueva realidad:  confrontaciones con manifestantes, algunos armados con latas de gas, lo que los obligaría a tomar decisiones rápidas para proteger a los guardias de inmigración y sus compañeros.

El despliegue de las fuerzas federales fue autorizado sin invocar a la Ley de Insurrección, que permite el uso de tropas para funciones policiales en emergencias nacionales.

Mientras tanto, las protestas contra las políticas migratorias de Trump siguen aumentando. Álex Aguilar, un joven de origen salvadoreño y mexicano, expresó su frustración por el despliegue militar: “Mis papás vinieron aquí porque tuvieron que huir de sus países. No es un crimen trabajar para mantener a tu familia. Que traigan a la Marina… eso sólo aumenta el miedo, pero también nos da más razones”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó con firmeza ante la presencia de las tropas federales y reveló que está presentando una demanda contra la administración de Trump para poner fin a lo que considera una “toma ilegal” de la ciudad, que ha contribuido al caos y la violencia. La demanda se centra en que el presidente violó la Constitución de los Estados Unidos al excederse en sus poderes y vulnerar la soberanía de California. Esta controversia no sólo involucra la seguridad pública, sino también un intenso debate sobre el papel de las fuerzas federales en el control de las protestas dentro de las fronteras del país.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la presencia militar como un “experimento” del Gobierno federal, rechazando las declaraciones de Trump que describen a la ciudad como “invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y delincuentes. Necesitamos unirnos, no permitir que nos dividan”.

Expertos aseguran que las redadas migratorias violan los derechos humanos, lo que obliga a México a implementar recursos legales. Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte, advirtió que Trump está utilizando el tema migratorio como excusa para involucrar al Ejército en asuntos civiles, lo que podría derivar en violaciones constitucionales. Remarcó el riesgo de que las manifestaciones violentas se intensifiquen y que las víctimas mortales se sumen a la lista si las redadas se extienden a ciudades con alta población migrante. Añadió que el despliegue de la Guardia Nacional es ilegal y que Trump está usando esta estrategia para fortalecer su base política.

Por su parte, Eduardo González, profesor del Tec de Monterrey, denunció la criminalización de los migrantes y el peligro de que las protestas escalen a disturbios mayores.