Trump responde a interrogatorio previo a su sentencia por delito de falsificación

Exmandatario enfrenta posible condena de hasta cuatro años de prisión por cada cargo.

Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos, se sometió a un interrogatorio este lunes durante una audiencia de rutina en Nueva York, como parte del proceso previo al anuncio de su sentencia por el delito de falsificación de registros comerciales. La entrevista, realizada por un agente de libertad condicional, se llevó a cabo de manera virtual desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, informó CNN citando fuentes cercanas.

Durante aproximadamente treinta minutos, Trump respondió a todas las preguntas con cortesía, según reportó la cadena. Esta reunión es parte del informe que el departamento de libertad condicional presentará al juez encargado del caso, Juan Merchán, para ayudar a determinar la sentencia del exmandatario, que se dará a conocer en el Tribunal Penal de Manhattan el 11 de julio.

En mayo, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 delitos graves por falsificar facturas comerciales para ocultar el pago a Stormy Daniels, una actriz porno con la que mantuvo una relación sexual, con el objetivo de proteger su carrera presidencial en 2016.

Aunque Trump no está obligado a cooperar con la investigación previa a la sentencia, su falta de colaboración podría perjudicarlo. En esta fase, se le suele preguntar al acusado sobre su condena y detalles básicos de sus antecedentes, como empleo y registros penales, siendo relevante destacar que Trump no cuenta con antecedentes penales, lo cual podría beneficiarlo.

El equipo legal del expresidente tiene la oportunidad de enviar cartas de amigos y familiares al juez Merchán como parte del proceso, y se espera que presenten su recomendación de sentencia este jueves. Por otro lado, la Fiscalía del Distrito de Manhattan también presentará un memorando indicando su opinión sobre la sentencia adecuada para Trump.

Merchán tiene la potestad de sentenciar a Trump a libertad condicional o hasta cuatro años de prisión estatal por cada cargo, con un límite máximo de 20 años.